Entrevista al obispo Luis Infanti: “En la nueva colonización los países del norte explotan el agua del sur”

Centro Nacional de Comunicación Social

México D.F., 19 de mayo de 2010 (Cencos).-En vista de que la Patagonia chilena es una de las regiones más vírgenes del planeta y que cuenta  con abundancia de agua, empresas multinacionales pretenden hacer cinco grandes presas hidroeléctricas en la región de Aysén, esto para beneficiar a la industria minera ubicada al norte de Chile (a 2.300 kilómetros de distancia). La Patagonia también enfrenta por lo menos 25 importantes conflictos relacionados con el agua; entre agua y minería, agua e industria del papel, agua y producción de electricidad, agua y privatización.

HidroAysen es el proyecto hidroeléctrico impulsado por la empresa del estado italiano Endel, misma que copto a la española Endesa. Del proyecto se ha derivado una lucha de cuatro años, entre los intereses transnacionales y la población amenazada que habita Aysén, quienes se han organizado en el Consejo de Defensa de la Patagonia, pues creen que la riqueza natural de la región misma que es patrimonio de la humanidad, no merece ser destruida.

Luis Infanti, obispo de Aysén, ha emprendido una lucha enérgica contra los megaproyectos y explicó en su visita a México cuál es el fundamento de la defensa de la naturaleza y de los pueblos desde una mirada ética.

¿Contra qué se enfrentan los pueblos en defensa del agua en Chile?

Principalmente contra la permisividad del estado chileno ante la explotación de sus recursos naturales por empresas transnacionales. Esta tiene base en la constitución política del estado emanada de la dictadura militar del general Agusto Pinochet, que abrió las puertas del comercio transnacional sin ningún tipo de restricción. La lucha por las aguas en Chile lleva a implicaciones importantes a nivel político e incluso a una nueva constituyente; la actual tiene en su estructura misma la concepción de un país en dictadura. Desde el tema del agua creemos que es necesario cambiar el concepto fundamental para lograr el país que queremos y en armonía con la naturaleza.

Es una lucha íntimamente unida al presente y futuro de  las personas, el gran conflicto es que el 96% de las aguas son propiedad de la empresa italiana, lo cual es un problema también de soberanía en el que las aguas de un país son disfrutadas por otro. Esto significa una nueva manera de colonización de los países del sur del mundo por  empresas del hemisferio norte que para sustentar un alto nivel de vida explotan los alimentos, la energía, el agua de los países del sur del mundo.

El obispo Infanti con fieles en Temaca el 15 de mayo pasado.

En la Patagonia se ha creado un movimiento de por lo menos unas 60 organizaciones que luchamos para echar atrás  las cinco megapresas. Tenemos muchas actividades de concientización, marchas y protestas, con una gran adhesión de artistas y cantantes que a través de festivales de música apoyan a la organización.

La semana pasada tomamos la iniciativa de asistir a la asamblea de socios de Enel y ahí pudimos hacer un planteamiento cuestionador sobre la postura ética de la empresa y expusimos alternativas de proyectos hídricos acordes con el querer de la gente; nos metimos al corazón mismo de la empresa.

¿Qué papel juegan la ética y la fe ante la crisis ambiental?

Con una ética bien planteada se puede cuestionar fuertemente qué mundo estamos construyendo, cuál es el papel del poder económico, del poder político y sobre todo cuál es el papel del poder del pueblo para exigir sus derechos, el respeto a su vida, a su historia y a su cultura. La ética es capaz de romper el monopolio del discurso economicista que la visión empresarial impone, esto es, priorizar el lucro a costa de quién sea y de lo que sea.

Anteriormente dijimos basta a la violación de los derechos humanos, hoy decimos basta al ecocidio, a la masacre de la naturaleza. Los pueblos indígenas que sienten la tierra y su entorno como parte esencial de su vida han logrado vivir en esta armonía, valores a los que en la ética y la fe sentimos muy cercanos, hay una enorme sintonía y por eso es importante romper el discurso mercantilista y hacer ver que hay otras maneras de vivir y otro mundo que es posible.

¿De qué trata la Carta Pastoral del Agua?

Hoy no estamos en un cambio de época, ante una nueva etapa de la humanidad en la que tenemos que variar nuestra mentalidad respecto a la crisis ambiental. La Carta Pastoral del Agua “Danos hoy el agua de cada día” es un documento que lleva mi nombre pero que se construyó en colectivo, después de un largo proceso de reflexión nos dimos cuenta de cuatro aspectos fundamentales que enmarcan este cambio de época: la inestabilidad de las sociedades actuales, la globalización y las estructuras de poder que orientan al mundo y cómo el poder político y económico define el futuro de las personas. Hablamos de la crisis ecológica que proviene de esta misma estructura de poder, desde la ética y la fe el cuestionamiento es fundamental: ¿hacia dónde estamos llevando el camino de la humanidad?

¿Qué expectativas tiene de esta visita a México?

La iglesia y la jerarquía como siempre llegamos tarde, pero últimamente hay mayor sensibilidad de la iglesia para comprender las crisis del calentamiento global, la de la energía, de la alimentación y del agua, entre otras. Ahora las sentimos como un problema espiritual y no solo como un tema social y económico. El encuentro con Samuel Ruíz quiere ser un signo más de que estamos tratando este tema a nivel latinoamericano como iglesia, junto a las organizaciones sociales de la iglesia con un empeño decidido para apoyar la lucha de tantos pueblos.

Vivo al extremo sur del mundo, donde no es fácil tener acceso a todo lo que ocurre, sin embargo hemos sabido de la valentía de las luchas del los pueblos mexicanos que exigen ser respetados en su derechos y su cultura porque aman su tierra. Estas luchas no son fáciles porque siempre se comparan al ejemplo de Goliat y David, sin embargo creemos que la valentía de nuestros pueblos siempre será más grande que los que tienen el poder económico y el poder político.

Obispos se reúnen por la defensa de la tierra, el agua y los derechos humanos

Luis Infanti: “El deterioro de la naturaleza no es casualidad sino resultado de un sistema económico que mercantiliza la vida”

Centro Nacional de Comunicación Social

México D.F. 14 de mayo de 2010 (Cencos).- El sistema económico global ha facilitado la inversión y administración de los recursos naturales de los países latinoamericanos por empresas principalmente norteamericanas y europeas. A través del impulso de megaproyectos hídricos y mineros, en su mayoría avalados y promovidos por los propios gobiernos, los pueblos y los ecosistemas han sufrido la mercantilización de la tierra y el agua, elementos fundamentales para la vida humana y de todas las especies.

En este contexto, la Agenda Ciudadana de la exposición Aguas, Ríos y Pueblos, con la necesidad de defender los derechos humanos y de la tierra, reunió a Luis Infanti, obispo de Aysén, Chile; al obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz, y al presbítero Gabriel Espinoza originario de Temacapulín, Jalisco, para compartir ideas y experiencias de resistencia con base en los derechos humanos y principios éticos, contra la depredación de los ecosistemas. Los tres han luchado desde sus iglesias para defender la naturaleza.

El obispo Luis Infanti, quien emprendió la resistencia contra la privatización del agua en la Patagonia por la empresa Endesa, perteneciente al estado italiano y que también impulsa el proyecto de la represa Hidroaysén, advirtió que el deterioro de la naturaleza “no es casualidad sino resultado de un sistema económico que mercantiliza la vida”.

Infanti explicó que los países llamados desarrollados han acumulado su riqueza a costa de la explotación de los recursos de los países subdesarrollados profundizando la brecha entre ricos y pobres “El conflicto es que antes quería erradicarse la pobreza, ahora lo que quiere erradicase es a los pobres, esto representa doble ganancia para las empresas; quien pueda poseer la tierra, el agua y el aire tendrá un poder inmenso y de pasó irá eliminando pueblos enteros a manera de negocio”.

El presbítero Gabriel Espinoza, quién creció en la ciudad de Jalisco pero que nació en el pueblo de Temacapulín, lugar al que volvió para unirse a las tres comunidades que se encuentran en resistencia contra el proyecto de represa El Zapotillo (Temacapulín, Acasico y Palmarejo), compartió que él hace cinco años tenía otra percepción de los megaproyectos y los relacionaba con el concepto de desarrollo. “En 2005 comencé a recibir las advertencias de familiares y amigos sobre las graves violaciones a derechos humanos y el daño ecológico que representan y decidí apoyar a mi pueblo y servir de vocero y difusor de este conflicto”, dijo.

Asimismo explicó que desde el sexenio en el que Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato, pactó con el entonces gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez para la construcción de la represa el proyecto acordado a nivel federal, estatal y municipal junto con empresas españolas. Éste, advirtió, “está consolidado desde hace varios años por estos grupos de poder, desde el principio fue un proceso plagado de opacidad porque se sabían todos los derechos que se violaban con él, ahora hasta personas de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) de Jalisco nos ha dicho: ‘o se salen o se ahogan’ y ante esto seguimos en resistencia los pueblos unidos”.

Gabriel Espinoza, Samuel Ruíz y Luis Infanti. Foto Cencos.

Por su parte, el obispo emérito de San Cristóbal, Chiapas, Samuel Ruíz, coincidió con Luis Infanti en que el actual sistema económico se basa en la depredación de la naturaleza y en la explotación del ser humano por el ser humano. Ante esto las luchas a nivel local y global son un signo claro de que en esta nueva era hay esperanz: “Aún hay quienes creemos que podemos hacer la vida de manera distinta, con base en el respeto y la dignidad. Es el último momento viable, puesto que el sistema acentúa cada vez más su carácter genocida y ecocida, y francamente caminamos hacia una catástrofe ambiental”. “Tenemos entonces nuevas señales pero también nuevas tareas, de ahí la importancia de este encuentro”, señaló.

México se convierte en primer consumidor mundial de agua embotellada

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Boletín de prensa El Poder del Consumidor

La falta de acceso a agua potable ha convertido a México en el país con mayor consumo per capita de agua embotellada. De acuerdo al último reporte de la Beverage Marketing Corporation (abril-mayo de 2010), el consumo por persona de agua embotellada llegó a 234 litros al año. El consumo per cápita es más del doble que los estadounidenses (110 litros) y se encuentra muy por encima del de España (119 litros). El volumen representa el 13% de las ventas mundiales de agua embotellada.

En México, la comercialización de agua embotellada ha aumentado sin parar, con un crecimiento anual de 8,1%. Tan solo entre 2004 y 2009 este mercado creció el 40%. Actualmente, la venta de agua embotellada asciende a 26.032 millones de litros al año, de los cuales se estima que 18.222 millones (70%) fueron comercializados en garrafón y 7.809 millones (30%) en botellas individuales, con todas las consecuencias que esto implica para la economía familiar y en particular para el medio ambiente.

“El gasto en agua en sus diversas presentaciones está representando un golpe para la economía de las familias, que en muchos casos pagan más por agua embotellada que por el servicio municipal de agua. Se calcula que en promedio cada familia gasta al año $1.800 pesos en agua embotellada”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor AC.

Nathalie Séguin. Foto Cencos.

Otro problema es el desecho masivo de envases plásticos. El Poder del Consumidor estima que durante 2009 fueron desechadas más de 7.800.000 botellas de plástico PET de agua embotellada en presentaciones no retornables, lo cual agudizó los problemas de generación de desechos y manejo municipal de basura sólida, además de convertirse en un foco de contaminación, ya que la degradación del PET genera desechos tóxicos.

Esto representa el desecho diario de más de 21,3 millones de botellas (estimando una botella por litro), de las cuales el 80% van a parar a tiraderos a cielo abierto, a la orilla de carreteras, a ríos o son enterradas bajo tierra, pues sólo el 20% de las botellas de PET son recicladas.

Este gasto y generación de desechos se agudiza con los más de 160 litros de refresco que cada persona consume al año, factor que ubica a México como el segundo consumidor mundial de refrescos en el mundo, al sumar a escala nacional 18.000 millones de litros al año. El consumo de refrescos está significando para las familias mexicanas un gasto superior al que realizan en huevo, frijoles o tortillas, de acuerdo al Instituto Nacional de la Nutrición. Este consumo de refrescos representa alrededor de 18.000 millones de envases de PET al año o 50 millones al día.

En total, se trata de una generación totalmente innecesaria de 71,3 millones de envases al día de agua embotellada y refrescos. “El consumo de agua embotellada es una costumbre reciente promovida principalmente por la publicidad que realizan las empresas que se han apropiado de este mercado, convirtiendo en mercancía el agua potable”, advirtió Alejandro Calvillo.

En México, un factor clave ha sido la incertidumbre de la población acerca de la calidad del agua en la red municipal. La Secretaría del Medio Ambiente asegura que el 85 % del agua suministrada por el Sistema de Aguas es de buena calidad, sin embargo han desaparecido los bebederos públicos instalados al interior de las escuelas y en espacios públicos a los que tenía acceso la población mexicana hasta hace pocos años. Esta ha sido una de las principales causas del aumento de las ventas de refrescos y agua embotellada.

Agua potable y accesible

“El derecho humano al agua no sólo es la obligación de los gobiernos de dar acceso al agua, sino que ésta sea potable y económicamente accesible. Cuando la gente se ve en la necesidad de comprar agua embotellada para beber, claramente no se está garantizando este derecho”, señaló Claudia Campero de Food and Water Watch y de Blue Planet Project, redes internacionales sobre el derecho y cuidado del agua.

Por su parte Nathalie Séguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua México (FAN Mex), señaló: “De haberse implementado las políticas públicas correspondientes para la realización progresiva del derecho humano al agua que México reconoció al firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tanto en escuelas como en casas, cuando menos, deberíamos poder tener acceso a beber agua potable de la red de suministro, la cual debe quedar bajo la responsabilidad del gobierno y no de empresas embotelladoras. Esto habría evitado que hoy en día, lamentablemente, México ocupe el primer lugar en el consumo de botellas de agua”.

Más aún, estudios realizados en diversos países han demostrado que la calidad del agua embotellada es similar a la del grifo. En México, la World Wildlife Fund realizó un estudio de este tipo que llegaba a la misma conclusión.

Al dar a conocer que México podría ser ya el mayor consumidor de bebidas envasadas y por ello el mayor productor de basura de PET, así como los costos económicos y ambientales que esto conlleva, El Poder del Consumidor demandó a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales y municipales que inicien un programa nacional de acceso al agua potable y que den garantías a los ciudadanos acerca de la calidad del líquido suministrado.

“Los gobiernos federal, estatales y municipales deben asegurar el acceso gratuito al agua potable en escuelas y espacios públicos, iniciando ya la instalación de filtros y purificadores de agua. Este programa debe extenderse y hacer obligatorio el suministro a todo centro comercial y espacios similares”, apuntó Alejandro Calvillo.

El movimiento mexicano de afectados por las represas: la lucha ha rendido frutos

Rodolfo Chávez Galindo

Miembro del Comité de Ejidos y Comunidades Opositores a Presa de La Parota (CECOP)

El río Papagayo (costa oeste mexicana), amenazado. Foto: Roberto Bear Guerra.

La resistencia de comunidades y pueblos amenazados con el desplazamiento y el despojo por la construcción de presas comienza a posicionarse en los medios y en los ámbitos social y de defensa de los derechos humanos, por el avanzado nivel de organización de los afectados, agrupados en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que acaba de realizar su VII Encuentro Nacional en los territorios de los compañeros mixtecos y chatinos amenazados por el proyecto de presa Paso de la Reyna en la costa de Oaxaca.

La construcción de presas implica desplazamientos masivos. La constante ha sido la imposición a toda costa de los proyectos, desplazando de sus tierras, territorios y poblados a decenas o cientos de miles de afectados, pisoteando sus derechos.  Por los fuertes impactos sociales y ambientales, los constructores, las instituciones promotoras de los proyectos y los tres niveles de gobierno se han valido de promesas, engaños y actos ilegales para que los afectados cedan los derechos sobre sus tierras o prometen pagos que nunca cumplen y en casos extremos llevan a cabo desalojos forzosos. Esta ha sido la tónica por mucho tiempo y en el mundo globalizado se ha endurecido con el papel asignado a nuestro país, como proveedor de recursos estratégicos, lo que ha generado la rapiña sobre territorios y recursos básicos comenzando con el acaparamiento de tierras y el dominio sobre el agua. La resistencia contra la construcción de presas deja al desnudo el nuevo proceso de acumulación capitalista basado en el saqueo y el despojo.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas nace de la decisión de los afectados de distintos estados para integrar una resistencia unificada frente a la agresión. En México, las instituciones encargadas de abrir el camino a los capitales saqueadores son la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como agente de ventas y permisos y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para validar el despojo de tierras. Estas promotoras gubernamentales entregan los proyectos a las grandes constructoras, sobre todo a través del esquema de Inversión Financiada con capitales contratados con la banca internacional, básicamente a través de Pidiregas, que vendrían a originar deuda pública millonaria que tendríamos que pagar todos los mexicanos. Por citar un caso, para hablar de montos, el presupuesto programado para el proyecto Presa La Parota, hoy suspendido por la lucha de los pueblos, era de mil millones de dólares.

El I Encuentro del Mapder se llevó a cabo en octubre de 2004 en Guerrero, en la resistencia contra la Presa La Parota. Con base en las experiencias compartidas por afectados de todo el país y la asimilación de la información vertida por organizaciones y expertos, se definieron los lineamientos de una lucha común en defensa de tierras, territorios y recursos naturales. Se comenzó a trabajar en un esquema de derechos. Se definieron las bases para una correcta defensa jurídica como respaldo de los movimientos en los terrenos penal y agrario. Se reforzaron lazos de cooperación con defensores de derechos humanos y se fijaron líneas de defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; además se integraron expedientes para ejercer derechos como pueblos indígenas. Se definió además la línea política independiente del movimiento y se adoptó como método fundamental de lucha, la movilización.

El Mapder integra las resistencias contra los proyectos de presas: La Parota en Guerrero; Arcediano en Jalisco; El Cajón y La Yesca en Nayarit; Itzantún en Huitiupán Chiapas, y los proyectos binacionales compartidos con Guatemala en el Río Usumacinta; la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués, Oaxaca; grupos de desplazados desde décadas atrás por las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro en la Cuenca del Papaloapan, y quienes ahora enfrentan las mayores agresiones por los proyectos El Zapotillo en Jalisco y Paso de la Reyna en Oaxaca, además del apoyo a los desplazados por la presa Picachos en Sinaloa.

Nuestros esfuerzos se centran en las resistencias locales que son diversas, con características propias y niveles distintos de respuesta y, a la vez, trabajamos en fortalecer el carácter nacional del Mapder, definir su programa y estrategia nacionales y darle una visión de largo plazo que vaya más allá de los movimientos locales y acciones coyunturales. Deberemos avanzar en la discusión sobre el problema energético en general en tanto que la construcción de presas tiene un lugar estratégico en las definiciones sobre el control de la energía. Nos corresponde convencer de que la lucha contra las presas corresponde a toda la población.

La lucha ha rendido frutos. Arcediano está cancelada y La Parota, suspendida por decisión de los pueblos. Las últimas agresiones recaen sobre El Zapotillo ante las declaraciones del gobernador de Jalisco y del director de la cuenca Lerma Santiago de la Conagua, que afirman que no harán caso de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y amenazan con expropiar a pobladores que se niegan a vender sus tierras y sus casas. En Sinaloa, los desplazados por la presa Picachos culpan al gobierno de la muerte de seis compañeros atrapados por fuego cruzado, muertos cuando regresaban del plantón en el Congreso local en el que exigían, junto con muchos más, el cumplimiento de compromisos y la indemnización por sus tierras inundadas.

Estamos invitando a la Exposición Agua, Ríos y Pueblos expuesta en el Bosque de Chapultepec, en la Cd. de México del 13 de abril al 5 de junio y a las actividades de la Agenda Ciudadana que se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad. Además tenemos por delante la realización del III Encuentro Mundial de Afectados por las Presas que tendrá lugar del 1 al 7 de octubre de 2010 en Temacapulín, Jalisco, el pueblo en resistencia contra el proyecto de la presa El Zapotillo.

Al Mapder nos toca unir las voces de los afectados de todo el mundo. Vendrán representantes de 60 países para hablar de las afectaciones y también de las resistencias ante la depredación, el ecocidio y los daños sociales ocasionados por esos megaproyectos que son las grandes presas, generadoras de energía acumulable para las trasnacionales. Al Sur de México y Centroamérica les ha sido asignada la creación de uno de los grandes mercados de energía, como programa estratégico del Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá. A los afectados por las presas nos toca visibilizar, además de enfrentar ese nuevo esquema depredador y de saqueo del capitalismo mundial.

Cine-defensa del derecho al agua

Centro Nacional de Comunicación Social

México D.F., 12 de mayo de 2010 (Cencos).- El agua fluye sobre el celuloide, su importancia, problemáticas, uso y defensa se proyectan en documentales; el testimonio queda a la vista del espectador. En México, Agua, Ríos y Pueblos expone 18 documentales internacionales y de producción local. Tres de estos últimos constituyen documentos históricos de lo que fue, es y podría ser la explotación de los recursos acuíferos.

La mutilación de San Pedro según San Xavier

La minería a cielo abierto cimbra las casas de San Pedro mientras por sus ventanas, hombres y mujeres ven el cerro desaparecer. La extracción de oro por el método de lixiviación a cielo abierto ha traído problemas de salud por la contaminación del agua con cianuro, producto de este proceso.

El Frente Amplio Opositor (FAO) a Minera San Xavier, trasnacional canadiense, ha ganado todos los juicios luego de 10 años, pero a pesar de sus afectaciones ambientales esta empresa continua la explotación con la complicidad de los funcionarios públicos.

Mira el documental en tres partes (I, II, III)





13 Pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra

En Morelos, cuna del general revolucionario Emiliano Zapata, el zapatismo con sus ideales de tierra y libertad continua presente: 13 pueblos se unieron para protestar por el desastre ecológico. El crecimiento inmobiliario en cientos de hectáreas convertidas en fraccionamientos ha reducido la recarga de mantos acuíferos.

13 Pueblos surgió para detener este crecimiento urbano alertando sobre la contaminación de sus ríos, la desaparición del agua e incluso la próxima devastación del Gran Bosque de Agua, que alberga casi 2 por ciento de la biodiversidad mundial, por la autopista Lerma-Tres Marías.

Avance

Aguas Abajo, el proyecto de presa Paso de la Reina

En este documental, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que defiende otros casos como Atenco, explora el proyecto de una hidroeléctrica en el estado de Oaxaca.

Explica las implicaciones del proyecto que afectaría a casi 100.000 pobladores y a zonas de riqueza natural única como las Lagunas de Chacahua y recoge los testimonios de la vida diaria de la población que es presionada para aceptar el proyecto y la reubicación. Protagonizada por el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, esta obra retrata el panorama futuro y la lucha de 47 pueblos para impedirlo.

Mira el documental

Aguasabajo: El Proyecto de Presa Paso de la Reina from Centro Prodh on Vimeo.

Afectados directos hablan sobre presas en Jalisco, Oaxaca y Guerrero en Foro de ‘Agua, Ríos y Pueblos’

Represas en México, desaparición de pueblos y cultura

Centro Nacional de Comunicación Social

México D.F., 12 de mayo de 2010 (Cencos).- La noche del 10 de mayo en el Centro de Cultura Casa Lamm en la ciudad de México se llevó a cabo en el marco de la exposición Agua, Ríos y Pueblos la mesa de análisis El Movimiento Mexicano de afectados por las represas, con las ponencias de integrantes opositores a los proyectos hidroeléctrico de La Parota en Guerrero (sur), Zapotillo y Arcediano, ambas en Jalisco (centro-occidente) y Paso de la Reina, Oaxaca (sur).  En ella expuso la situación actual que se vive en los diversos territorios afectados en la República mexicana.

Presa Arcediano: sin estudios

Sobre el caso de la presa de Arcediano, Jalisco, una de las afectadas, Guadalupe Lara, describió el proyecto como “un fracaso” del  Gobierno Mexicano por la falta de estudios, que ha dejado como consecuencia la desaparición de la comunidad que habitaba la barranca desde hace cuatro generaciones, allí donde convergen el río Santiago y el río Verde.

Presa Paso de la Reina: 100.000 afectados

Juan Gómez, integrante de Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), organización opositora al proyecto de la hidroeléctrica Paso de la Reina, en Oaxaca, dejó en claro que la construcción de la represa en la costa oaxaqueña y en la Sierra Sur afectará a 43 localidades, lo cual implica un daño directo a 16.956 personas y a 97.000 de forma indirecta. La comunidad más afectada será la de Santiago Jamiltepec.

Frente a esto el Copudever ha implementado una estrategia de defensa integral. Los pasados 27 y 28 de abril realizó el VII Congreso de Afectados por la Hidroeléctrica, además se han fortalecido con la figura jurídica de ejidos (zonas agrícolas de tenencia comunitaria), regularizándolos y actualizando el padrón  de comuneros y ejidatarios con el fin de protegerse, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Semarnat, instancias del gobierno encargadas del proyecto, han venido violentando las asambleas comunitarias.

Presa El Zapotillo: por tierra yerma

Manuel de Jesús Carvajal, integrante del Comité Salvemos Temaca, denunció que la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco (que pretende generar electricidad para las ciudades de León, Guanajuato y Guadalajara en Jalisco), inundará 3.800 hectáreas de las comunidades Temacapulín, Palmarejo y Acasio, acabando con una historia y patrimonio cultural de 250 años.

Por otra parte, hizo mención de la burla con la que se dirige la Comisión Nacional del Agua a los ejidatarios, ya que ha planteado que entubarán las aguas termales que surgen en sus comunidades y las llevarán hasta el lugar donde sean desplazados; además, puntualizó, las tierras que les ofrecen son  infértiles.

Campesinos asisten a una asamblea de ejidatarios que se oponen a ser desplazados de su tierra (2006). Foto: Frontera Images/Gonzalo Pérez

Presa La Parota: fraude electoral

Por su parte Felipe Flores, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), denunció los acontecimientos ocurridos en la reciente asamblea ilegal (28 de abril) donde el secretario particular del Gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, convocó a taxistas y policías del puerto de Acapulco para que actuaran como ejidatarios y votaran a favor del proyecto.

También denunció que el gobernador está empeñado en la construcción y llamó a la sociedad a dar su apoyo para frenar el hostigamiento del gobierno del estado: “Hombres y mujeres estarán dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con tal de defender sus tierras, conservar sus culturas y costumbres, además de que no permitirán que sus comunidades se estén desplazando de un lado a otro”.

Por la vida de Río Verde, seis municipios se organizan contra las represas

Miembros de Copudever

Centro Nacional de Comunicación Social

México D.F., 12 de mayo de 2010 (Cencos).- El Río verde, o Yutka Kuii para las comunidades mixtecas, actualmente es la cuenca más grande y caudalosa del estado de Oaxaca. Ubicado en el extremo suroeste del Istmo de Tehuantepec, al sur del país, representa para las comunidades indígenas mixtecas, chatinas y afromestizas la madre de sus aguas, con las que riegan las tierras más fértiles, que los dota de la pesca que los alimenta y del espacio donde han crecido y construido sus comunidades con la arena y la grava que extraen de la región. El cambio de su curso representa para las y los habitantes de seis municipios la destrucción de la naturaleza y de la vida de las comunidades.

Sin embargo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del gobierno mexicano que genera y comercializa energía eléctrica para todo el territorio del país, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impulsa desde el año 2006 el proyecto de represa Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. El proyecto plantea el levantamiento de una cortina de 195 metros, con una inversión inicial de 600 millones de dólares, y para 2010 con otros 1.200 millones de dólares como inversión final.

El área de influencia del proyecto hidroeléctrico comprende los municipios Santiago Ixtayutl, Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, que abarcan 43 comunidades que habitan 17.000 personas afectadas directamente y 97.000, indirectamente. La población indígena que vive en esta zona se sustenta de la siembra de café, fríjol y maíz: la construcción de la represa Paso de la Reina destruiría 3.100 hectáreas de cultivo.

Riesgo sísmico

Por otro lado, frenar el cauce del Río Verde que alimenta a las lagunas de la región como la de Chacahua, en zona del Pacífico, donde se encuentra una de las reservas ecológicas más importantes del país, provocaría grandes afectaciones al ecosistema. Otra de las razones de riesgo tiene que ver con la alta sismicidad de la zona, que es atravesada por dos grandes placas tectónicas, la de la costa pacífica y la norteamericana, y que permanecería en una alerta permanente ante un movimiento telúrico de gran magnitud.

La CFE anunció que durante los años 2007, 2008 y 2009 se dedicaría a hacer la investigación correspondiente para el proyecto, para el año 2010 “pondrían la primera piedra” de la construcción. Durante estos años, la CFE también ha hecho recorridos en las comunidades tratando de convencer a gente sobre la viabilidad del proyecto. “Hasta el día de hoy, y gracias a la organización de los pueblos a afectados dentro del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Paso del Río Verde (Copudever), el proyecto no ha podido realizarse”, afirma José Gómez, integrante de este movimiento.

El Copudever asegura que desde que tuvieron noticias del proyecto se han violentado sus derechos a la consulta y participación, al consentimiento previo, libre e informado, a la autonomía y a la autodeterminación. “Hemos constituido la defensa de Río Verde a través de  movilizaciones en marchas, mítines y bloqueos pero también con difusión y capacitación para que todos los pueblos conozcan la situación que enfrentamos”, afirmó Gómez.

El Copudever nació de una de las acciones más grandes de los pueblos afectados por represas, los foros informativos Por la defensa del Agua el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realizados en 2007, 2008 y 2009. Quieren defender su tierra y su agua del megaproyecto dando batalla a nivel jurídico, de movilización social  y político.

La Parota: el gobierno transgrede leyes y hostiga a campesinos para imponer sus intereses

ONU y Tribunal Latinoamericano del Agua han constatado violaciones a derechos humanos

Centro Nacional de Comunicación Social

México D.F., 6 de mayo de 2010.- El pasado 28 de abril se aprobó en asamblea la construcción de la hidroeléctrica La Parota que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el voto de 1.200 comuneros registrados tras una malla ciclónica y con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en el Pacífico mexicano. El acceso estaba restringido a los opositores.

La consulta a los más de 40.000 pobladores que serían desalojados de sus comunidades es un paso necesario si la CFE quiere comenzar la construcción y recurre a prácticas antidemocráticas y de presión para hacer de lado la opinión de los campesinos.

En las afueras del lugar se encontraban 1.500 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), a la espera de poder entrar y ser consultados sobre el megaproyecto. Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña y asesor del Cecop, destacó que no reconocerán los acuerdos que emanen de la asamblea ya que la convocatoria es ilegal, por lo que interpondrán una nueva demanda de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario. “Que quede claro que sólo muertos nos van a sacar de nuestras tierras”, resume Felipe Flores, dirigente del Cecop.

Esta última asamblea se acumula a los intentos por aprobar la represa que llevaría electricidad al puerto de Acapulco y se ubicaría sobre el río Papagayo. A pesar de que el Cecop resiste y ha ganado todas las batallas a nivel jurídico e incluso utilizando instancias de justicia internacional, el gobierno federal y del estado insisten en imponerlo.

Falsas asambleas y asesinatos

En 1967 la Comisión Federal de Electricidad  comenzó los estudios de reconocimiento en los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecuanapan, en el Estado de Guerrero, comunidad de Cacahuatepec, con el fin de impulsar el proyecto de construcción de la hidroeléctrica La Parota, que pretende desviar el cauce de los ríos Papagayo y Omitlán, inundando 17.000 hectáreas de selva caducifolia, por lo que se verían afectadas 21 comunidades que en la actualidad gozan de tierras fértiles y productivas. Más de 125.000 personas serían afectadas directa e indirectamente.

En 2002 la CFE comenzó a introducir maquinaria pesada con el fin de poner en marcha la construcción de la hidroeléctrica, esto puso en alerta a los ejidatarios ya que hasta ese momento supieron de la existencia del proyecto; decidieron organizarse con todos los pobladores que se oponían, formando el movimiento contra la represa más importante de México y emblemático de estas luchas en todo el mundo.

Acapulco, Gro. /10agosto06/ Un policia municipal de Acapulco Guerrero amenaza con su arma a opositores a la presa. Foto: Frontera Images/Gonzalo Perez

Ante el desacuerdo de los ejidatarios, el 25 de abril de 2004 el Presidente de Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, junto con la CFE, convocaron a una Asamblea General de los Bienes Comunales en la que se aprobaron los estudios y trabajos para la construcción de la hidroeléctrica: fue el primero de una serie de intentos para pasar por encima de los campesinos.

Casi 1.600 comuneros interpusieron el 24 de junio de 2004 ante el Tribunal Unitario Agrario una demanda de nulidad en contra de los resolutivos de la  asamblea del 25 de abril, en la que destacaba que la convocatoria había sido ilegal conforme a lo que señala la ley agraria, además de que se desarrolló en un lugar diferente en presencia de funcionarios públicos y representantes de la CFE. Estos reclamos desencadenaron detenciones a representantes opositores a la hidroeléctrica  por parte del gobierno.

Es hasta el 15 de julio de 2005 que el Tribunal Unitario Agrario emite las medidas precautorias que ordenan que la CFE no podrá llevar a cabo ninguna acción hasta que no haya un fallo definitivo.

Nuevamente se realizan intentos de asambleas sin representación popular en agosto, en San Marcos, y en noviembre en Dos Arroyos; en ambos existen enfrentamientos entre la Cecop y la policía que resguardaba las asambleas comunitarias. Así, se multiplican las asambleas falsas y para cada una de ellas el Cecop interpuso recursos de nulidad, todos ganados.

Finalmente, el Tribunal Unitario Agrario da el fallo a favor de los opositores el 17 de enero de 2006, anulando el acta de asamblea, convenio y acuerdos con la CFE por lo que se le notifica que no tiene injerencia legal para ingresar en la comunidad Cacahuatepec, municipio de Acapulco, para comenzar la construcción. Sin embargo,  el 29 de enero de 2006 el activista Eduardo Maya Manrique, integrante del Cecop, es  asesinado frente a su casa en la localidad de Dos Arroyos.

Apoyo internacional

El Cecop presentó el caso en el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) el 17 de marzo de 2006. Este falló a favor de la cancelación de la construcción del proyecto de La Parota, debido a que “el costo en materia social y ambiental es muy alto” por lo que exhortó a los gobiernos federales, estatales y municipales que reparen los daños por las violaciones a los derechos humanos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Amerigó Incalcaterra, después de haberse reunido con ambas partes del conflicto, también se pronunció ante el desacato del gobierno estatal y la CFE,  por seguir con la construcción aún cuando el poder judicial ya había fallado en su contra.

También el relator sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, confirmó los abusos y violaciones contra campesinos. Lo mismo ha hecho el relator especial sobre una vivienda adecuada, centrando su preocupación en los derechos económicos, sociales y culturales violados. Y ambos dijeron al gobierno que era necesario suspender el proyecto.

La Parota, por encima de la legalidad

Alrededor de la  construcción de la hidroeléctrica ha habido un fuerte bloqueo de la información por parte de las autoridades, además acompañado de una ola de represión que ya ha dejado 6 miembros del Cecop asesinados, encarcelamientos y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, por parte del Estado y de la CFE, violando los derechos humanos de los comuneros indígenas, además de la autonomía de los núcleos ejidales (artículo 27 Constitucional), la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Salud, entre las principales.

La lucha por impedir la construcción de la presa La Parota es una historia de éxito para la autodeterminación de los pueblos; aunque por otro lado, resulta paradigmática de como el Estado es capaz de violar derechos humanos y su propio marco legal y el de la nación con tal de imponer sus intereses.

Bety Cariño, activista que unió la lucha de muchos

Entrevistas: “Lo que se puede contar es sólo una gota del mar que significa el nombre de Bety Cariño”

Centro Nacional de Comunicación Social

México D.F., 7 de mayo de 2010.- La Otra Campaña del EZLN, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y otros muchos espacios de lucha nacional en México fueron impulsados con la participación de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, activista e indígena de la región mixteca de Oaxaca. Bety Cariño murió asesinada el pasado 27 de abril luego de que una caravana humanitaria que llevaba víveres y ayuda a la comunidad sitiada de San Juan Copala fuera atacada por un grupo paramilitar. Ella y Jyry Jakkola, observador internacional de origen finlandés, murieron bajo una lluvia de balas dentro de sus camionetas.

En entrevista con el Centro Nacional de Comunicación Social, compañeros en el trabajo diario que Bety realizaba en Cactus (Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos) cuentan como su vida es un retrato de las luchas sociales en todo México, desde su oposición a los proyectos mineros y el reconocimiento de los derechos de la mujer, hasta su papel como educadora en las comunidades oaxaqueñas.

¿Cómo es que la figura de Bety Cariño resulta tan importante para todas las organizaciones que reivindican derechos sociales en México?

Fernando Urbano, compañero de Cactus.- Ella, como coordinadora de Cactus, participó en la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), movimiento nacional que surgió luego de aprobarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). También era fundadora de la AMAP que surge en oposición al Plan Puebla Panamá (PPP) y contra los megaproyectos. En esta alianza se inscriben todas las luchas contra las represas, las mineras, la resistencia nacional contra las altas tarifas eléctricas, movimientos contra las compañías como Iberdrola que tienen campos eólicos en Oaxaca, y un gran etcétera.

¿Y su lucha contra las mineras?

F.U.- Como parte de la Rema denunciaba las implicaciones de la minería de extracción a cielo abierto. Las empresas son en su mayoría canadienses y los casos están en San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, Jalisco… Bety fue muy cercana a activistas como Mariano Abarca, otro compañero que se oponía a una mina de barita en Chiapas y fue asesinado en noviembre del año pasado.

¿En qué otros temas se adentró?

Eva Gálvez, integrante de Cactus.- Era pedagoga y estaba estudiando una maestría en pedagogía del sujeto y acción educativa. Estaba convencida de que la educación era una forma de liberación y la entendía como un trabajo de capacitación que tiene que ver con cómo los pueblos se comparten entre ellos sus propias experiencias y no con enseñar unilateralmente. Tenía una capacidad enorme de convencimiento, ella unía a más personas.

F.U.– Era una persona institucional pero rebelde con la capacidad de hablar en espacios formales, teóricos y tratar con la gente, además de compartir la importancia de luchar; ella imprimió eso en las organizaciones, los espacios de trabajo estaban llenos de su espíritu zapatista, indígena y femenino.

¿De qué forma defendía los derechos de la mujer?

F.U.– Su lucha por la equidad de género era muy fuerte. Ella decía: “Nosotras las mujeres no somos un sector aparte, debemos dar la lucha dentro del mismo movimiento social”. Llevaba a todas las tribunas y espacios una perspectiva de género muy fuerte y siempre decía que la equidad no tenía que ver con la cantidad sino con el empoderamiento real de las mujeres.

Hay muchas anécdotas de su vida, en las reuniones su voz rompía diciendo: “Me parece muy bien lo que dicen pero yo aquí no veo la participación de compañeras, y creo que las compañeras tenemos otra visión de las cosas”. Así pasaba en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

¿Cómo era Bety en su vida personal?

E.G.– Bety se asumía como una indígena mixteca con toda la dignidad y retos de vida que eso implica. Constantemente vivía el conflicto de ser madre, una mujer amorosa al pendiente del cuidado de sus hijos y la formación de ellos en la justicia, y a la vez activa participante del movimiento social.

Sus pláticas siempre eran sobre los sucesos crudos del momento, el asesinato de Mariano Abarca, la lucha del Frente Amplio Opositor contra la Minera San Xavier en San Luís Potosí, el asesinato de dos comunicadoras triquis en San Juan Copala de la radio La Voz que rompe el Silencio. Pero también tenía una visión más allá de eso, siempre pensando en cuales son los sueños y las formas de construir las autonomías de los pueblos de América.

¿Cómo es importante recordarla?

Pablo González, compañero de su comunidad, Huajuapan de León.- Era una persona que tenía magia, te hablaba y te convencía al verla trabajar. Te involucraba de esa forma, por ella fue que conocimos en Tecamapulin, Jalisco, a los opositores a la presa El Zapotillo.

F.U.– Como una mujer con un muchas capacidades e iniciativas, puntos de vista distintos, que se ganó el cariño y el aprecio de mucha gente, como alguien que abrió espacios en donde costaba trabajo hacer entender la importancia de la participación de las mujeres: como una mujer alegre que bailaba y buscaba momentos para divertirse con las compañeras y compañeros. Le gustaba mucho una playera con una frase de la feminista Emma Goldman: “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”. Era así, alegre.

Cariño con la relatora de la ONU Margaret Sekaggya

Su palabra atinada nos queda en la memoria, es parte de una herencia de tradición de lucha de la Mixteca, de México y de América. La manera en que honraremos su memoria es seguir trabajando con las iniciativas y sueños que no vieron la luz con ella pero que sí sucederán. Los sueños seguirán caminando, y si sembramos sueños vamos a cosechar esperanzas, como ella decía. Lo que podemos contar es sólo una gota del mar que significa el nombre de Bety Cariño.

Embotelladoras: el negocio de violar el derecho humano al agua

México, segundo consumidor de agua embotellada del mundo

Centro Nacional de Comunicación Social

México D.F., 6 de mayo de 2010.- El agua es el recurso natural más importante que tenemos debido a que es necesario para la vida; sin embargo, en las últimas décadas también ha sido materia prima de una de las industrias con mayores ganancias y mayor crecimiento en todo el mundo: la del agua embotellada, y mientras este negocio crece, hombres y mujeres de todo el mundo dejan de tener acceso al líquido y se viola su derecho humano al agua (DHA).

En México se calcula que existen 22.000 millones de litros de agua embotellada y se consume a un equivalente de 170 litros por persona, estas cifras nos convierten en el segundo mayor consumidor de este producto en todo el mundo (el primero es Italia). El éxito de las compañías de agua embotellada en nuestro país se atribuye por un lado a las grandes campañas de publicidad, pero por otro, a la idea generalizada de que el agua corriente o de la llave no es potable, argumento que, aunque no es falso, es aumentado por las empresas para que su mercado siga creciendo.

El mercado y los derechos humanos

“Lo que más se opone al derecho humano al agua es la mercantilización”, dice Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador especialista en agua del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Lo que se opone en mayor medida a un derecho fundamental es la mercantilización del bien que está protegido por ese derecho. El mercado es contrario a la lógica del derecho fundamental que lo que intenta es garantizar un acceso universal a un bien indispensable para la vida, en este caso el agua, y el mercado al convertir un bien en una mercancía lo que hace es transformarlo en un privilegio y sólo los que tengan dinero podrán adquirirle”, explica.

Entonces, el crecimiento de este negocio es inversamente proporcional al derecho humano al agua, pues mientras más crece el consumo de agua embotellada en el mundo, los hombres y mujeres pierden la posibilidad de acceder al líquido de manera gratuita, en las cantidades y lugares necesarios y con la calidad adecuada para ser bebida.

Mientras las ventas de agua embotellada aumentan exponencialmente año con año, la calidad del agua de la llave en México es considerada la peor de América Latina. Según la Organización de las Naciones Unidas, en su Informe Mundial de Desarrollo del Agua (2006) nuestro país ocupa el lugar 106, dentro de 122 evaluados, respecto a la calidad del agua del grifo, mientras que las ventas de agua embotellada rebasan los 30.000 millones de pesos (unos 1.800 millones de euros).

“El derecho humano al agua implica la disponibilidad al agua, acceso físico y económico, calidad (potable) y no discriminación”, dice Rodrigo Gutiérrez, y también señala como es que el negocio del agua embotellada, controlado por “las cuatro grandes” (Pepsico, Coca Cola, Danone y Nestlé), viola cada uno de estos aspectos del DHA.

La disponibilidad del agua se ve afectada por el crecimiento del mercado del agua embotellada “porque puede generar sobreexplotación de los mantos freáticos” cuando las plantas se instalan a expensas de éstos. También afecta el derecho a acceder al agua “porque lo que están haciendo es aumentar el precio de un bien al que las personas gradualmente sólo tendremos acceso en tanto tengamos dinero y lo que menos es el agua embotellada es ser accesible económicamente. Para una familia en la línea de la pobreza pagar 7 pesos por una botella de agua o 29 pesos por un garrafón (20 litros) es extraordinariamente caro en relación a su salario”.

La venta de agua también es altamente discriminatoria porque “no hay nada más discriminatorio que el mercado, es decir el hecho de que la vía de acceso al agua sea cada vez más el mercado genera automáticamente una discriminación por razón económica”.

Botellas Vs. Agua de grifo

Y en lo que respecta a la calidad, las ideas establecidas en contraposición a los sistemas públicos de agua es que la embotellada es “pura”, “saludable”, “de manantial”, entre otros calificativos mercadológicos; sin embargo, “¿qué garantía tenemos de que esa agua embotellada sea segura, potable, libre de microorganismos y otros elementos físico-químicos que puedan producir enfermedades a mediano o largo plazo? Por lo tanto también podría verse afectado el derecho humano al agua en lo relativo a la calidad”, dice el experto en derecho al agua.

“Las embotelladoras de agua convierten en su enemigo a las redes de distribución, lo tienen que hacer para poder mantener su negocio. Decir que el agua que circula a través de las redes es un agua peligrosa, contaminada, no segura. Hay una campaña indirecta por parte de las embotelladoras en contra de las redes de distribución y en este sentido a las vías de acceso más razonables al recurso”, afirma.

Negocio sin ley, consumidores sin protección

En sentido contrario, el agua embotellada no ofrece ninguna garantía de pureza más allá se su etiquetado publicitario ya que “hay normas muy laxas tanto en materia de salud como en materia ambiental y del propio recurso”. La institución encargada de vigilar la calidad del líquido en venta en México es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Secretaría de Salud, pero su labor de inspección es muy limitada y la base para medir la calidad del agua es una Norma Oficial Mexicana (NOM-179-SSA1-1998) que no incluye procesos de certificación y en todo caso no implica sanciones para las compañías.

El mercado de agua en México comenzó a crecer tras implantarse la idea de que el agua de las redes públicas no era potable, se cree que la fuerza de este argumento surgió tras el terremoto de 1985, cuando las autoridades declararon que debido a fracturas en el sistema no era seguro beber el agua. Este hábito de comprar el agua fue aprovechado a tal grado por las empresas embotelladoras que se calcula que un 80% de las ventas en México corresponden a los garrafones de 20 litros, utilizado para consumo en casas y oficinas. Las ventas mayoritariamente en esta modalidad no son tan elevadas en otros países donde el agua se vende en presentaciones individuales en un mayor porcentaje.

Es a partir de la década de 1990 que las cuatro grandes trasnacionales del agua embotellada “van devorando mercados locales pues descubrieron (y crearon a partir de campañas impresionantes de publicidad) un nicho importante de mercado”. “El tema del agua ha sido un negocio tan rentable que ha sido monopolizado por las grandes”.

“Es brutalmente desproporcionada la rentabilidad en una botella de agua, comparada con cualquier otra mercancía en el mundo, sobre todo porque esta agua en muchas ocasiones la consiguen de manera totalmente gratuita, en muchas ocasiones el agua embotellada es agua del grifo que supuestamente la someten a procesos de filtración y nos la venden a un precio que puede ser entre mil y diez mil veces más caro de lo que realmente cuesta”, dice Rodrigo Gutiérrez.

El agua para embotellar en algunos casos es extraída de la red pública y en otros más es directamente extraída de los mantos freáticos, la mayoría de estos localizados en las áreas suburbanas, y su precio no suele ser distinto al que paga un usuario común. “En la Comisión Nacional del Agua se solicita una concesión y esta institución la da sin preguntar para que va ha ser utilizada. Aprovechan pozos sobre los cuales no pagan los impuestos correspondientes”. Como resultado de esta situación, el ya rentable negocio de vender agua encuentra un espacio pleno para desarrollarse en nuestro país.

Derecho Humano al Agua, fuera de la Constitución

El derecho humano al agua no está garantizado por el Estado, a tal grado que su acceso aunque es público y del pueblo según el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no está conceptualizado como un derecho humano. Esto sí, está asentado en la legislación internacional firmada y ratificada por el gobierno mexicano, pero estas leyes no son privilegiadas para uso en el sistema de justicia mexicano.

En el sistema universal, este derecho se encuentra consignado en la observación 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, mientras que en el sistema interamericano de derechos humanos, el DHA está asentado en la jurisprudencia surgida de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005 sobre el caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. En ambos espacios internacionales se le liga al derecho a la salud y a gozar de un medio ambiente sano.