Alfredo Molano
La historia expansiva y depredadora de la gran ganadería que ha imperado en el departamento de Córdoba (Colombia) desde mediados del siglo XIX explica buena parte de la violencia que vive la región desde el asesinato de Jorge E. Gaitán. Pero es, además, el principio en que se funda la decisión del gobierno de Uribe de construir el embalse Urrá II, “Proyecto río Sinú”. Las hidroeléctricas de Córdoba no son un asunto de energía y ni siquiera de aguas. Son un problema de tierras.
El río Sinú nace en el Paramillo, páramo excepcional que recoge las aguas de los ríos Tigre, Manso y Esmeralda; lo estrecha la loma donde se construyó Urrá I y luego se riega por las sabanas, alimenta las ciénagas y desemboca en Tinajones. Su hermano gemelo, el San Jorge, hace el mismo oficio, pero bota sus aguas al Cauca, en la depresión de Mompox. Todas son tierras riquísimas para los ganaderos por la fertilidad del suelo, y riquísimas también para los campesinos que cultivan maíz, yuca, malanga y que son, a su vez, pescadores.
En el fondo, estas modalidades de aprovechamiento de la riqueza criada por los ríos son la causa de un conflicto social que desde fines del siglo XIX no cesa. Los ganaderos buscan, por cualquier medio, desecar las ciénagas para ampliar sus haciendas, y los campesinos –trabajadores anfibios, herederos de los zenúes– resisten porque de ellas proviene su comida. Desde los años 50 del siglo pasado, políticos, empresarios y hacendados sueñan con planes que regulen las aguas. El presidente Uribe, entre otros grandes propietarios, tiene una de sus haciendas en Ciénaga de Oro.
Los distritos de riego construidos en los años 60 y los proyectos Urrá I y Urrá II obedecen a ese propósito y han desencadenado enfrentamientos sociales que desembocan en la guerra entre paramilitares y guerrillas. No obstante, los ríos seguían reclamando sus cauces y las ciénagas sus orillas, sobre todo en las zonas bajas del Sinú y del San Jorge. Fue uno de los argumentos para construir Urrá I y proyectar Urrá II. El otro fue la producción de energía eléctrica en momentos en que el país entero vivía el apagón en 1990. Miles de millones de dólares se pagaron en estudios y diseños y, por fin, en 2000, entró en servicio Urrá I –con 340 MW de potencia el 2% de la energía eléctrica del país– y un embalse que inundó 7.400 hectáreas y costó 800 millones de dólares financiados por la banca mundial.
Para ese momento el excedente en el sistema eléctrico interconectado nacional era del 35%. Según Corelca (Corporación Eléctrica del Atlántico Norte), el aporte de Urrá I habría podido ser asumido sin los costos sociales por las hidroeléctricas de La Miel, el Guavio o Chivor. La obra generó varios conflictos y acentuó otros. El más conocido fue la movilización del pueblo embera katío contra el proyecto. Los cabildos consideraron que la obra en su conjunto invadía su territorio, afectaba su economía, aceleraba la colonización campesina, amenazaba su cultura y ponía en peligro su seguridad alimentaria al extinguirse el pescado de los ríos. En varias oportunidades paralizaron los trabajos de construcción, se tomaron oficinas de la empresa y organizaron una marcha a Bogotá. El asesinato de Kimy Pernía y otros líderes indígenas de este pueblo simboliza esa lucha.
La obra había sido construida sin consulta previa con las comunidades indígenas, como la ley obliga. Interpuesta una tutela, la Corte Constitucional (sentencia T 652/98) falló a favor de los nativos y ordenó la suspensión inmediata de los trabajos – tres días antes de ser inaugurada por el presidente Samper– y el pago de una indemnización “al menos en cuantía que garantice la supervivencia física del pueblo embera katío, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede escapar y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar”. Como evidencia del daño, se registró el desplazamiento de 6.000 pobladores de cuatro asentamientos indígenas y 17 más dispersos para llenar el embalse.
Los indígenas no fueron los únicos afectados. En el vaso del embalse había 500 familias campesinas censadas, que fueron desplazadas. La construcción de vías de la obra, la demanda de obreros y la pobreza campesina aceleraron la colonización de la región y, con ella, el cultivo de coca y amapola, los desacuerdos entre colonos e indígenas y el enardecimiento de la guerra entre las guerrillas y los recién creados grupos paramilitares en el alto Sinú.
Aguas abajo de la hidroeléctrica, las consecuencias no han sido menos dañinas. Al interrumpir la subienda, necesaria para el desove, la mayoría de las especies ha mermado su tamaño y algunas han desaparecido o están siendo amenazadas de extinción. Los pescadores han protestado con frecuencia y con vehemencia, no sólo porque su nivel de ingresos ha disminuido, sino porque la alimentación de la región se ha visto comprometida. El cambio de niveles del río acelera la erosión de sus orillas y aumenta la sedimentación del cauce. La ciénaga de Lorica se colmata a pasos gigantescos; los desbordamientos son cada vez más peligrosos y frecuentes.
Déficit acumulado
Poniendo entre paréntesis los efectos anotados, cabría preguntar si Urrá I ha cumplido los propósitos que le fueron asignados por el Gobierno y por los gremios regionales. El balance es negativo. Urrá I se ha dedicado a la generación de energía en desmedro de la regulación de las aguas del río Sinú. Desde el punto de vista ambiental, el embalse no ha logrado impedir las inundaciones aguas abajo de la presa. La más grande fue a mediados del año pasado, cuando subió dos metros arriba de la altura máxima de desbordamiento e inundó las llanuras de Cereté y Pelaya y aun el centro de Montería. “El río se emborracha –dicen los indígenas– y sale a buscar cambambas por pueblos, barrancas y potreros”. No obstante, según el Gobierno “en 110 ocasiones (la obra) ha logrado soportar grandes crecientes que hubiesen repetido históricas inundaciones”.
Urrá I tampoco ha servido como fuente de ingresos para la Nación. En palabras del ingeniero Rafael Melo, que dirigió el Plan Energético de Corelca (Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica) en Barranquilla: “Urrá I nunca ha dado utilidades y nunca se debió construir porque nunca se necesitó”. Así lo confirma el informe Conpes del 19 de mayo de 2008: Urrá I ha generado sólo pérdidas en los estados financieros reportados, tanto que el Gobierno se vio en la necesidad de tercerizar el complejo, es decir, entregarle la empresa a un tercero para que la administrara. Según una destacada abogada de Córdoba, Urrá I no es rentable: “Es una carga para el Estado; en ocho años de operación no sólo no ha dado utilidades, sino que el déficit acumulado a 2007 es de $824.000 millones”.
A raíz del incumplimiento sistemático de los arreglos que indígenas y Gobierno habían firmado desde 1994, que contemplaban el pago de indemnizaciones millonarias y la construcción de obras de infraestructura complementarias, los cabildos se movilizaron a Montería y a Bogotá en 2005. El resultado fue un nuevo acuerdo en el que el Gobierno, al no encontrar “necesario, conveniente ni factible el proyecto de Urrá II, se abstendrá de promover, autorizar y construir dicho proyecto”.
Dos años después, en julio del 2007, el río Sinú se desbordó y el Gobierno estuvo a punto de declarar la emergencia económica. La empresa aprobó como paliativo parcial elevar en dos metros la cresta de Urrá I. La obra fue contratada con un costo de 4,2 millones de dólares, para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de 1.740 millones a 1.884 millones de metros cúbicos. Hasta el momento no se conocen estudios de impacto ambiental sobre la ampliación del embalse. Sin embargo la obra fue realizada.
El Sinú se sedimenta con los taludes que caen de la represa y se empeora la calidad del agua (foto Conchita Guerra, ARP)
En septiembre de ese mismo año 2007, el Presidente Uribe anunció en Maicao que el Gobierno construiría Urrá II. El Ministro de Minas pasó al bate. En Montería volvió a las andadas y anunció la constitución del Proyecto río Sinú, cuyo fin sería “el control definitivo de las inundaciones en las partes baja y media de la cuenca”. Al mismo tiempo solicitó al Ministerio de Ambiente renunciar a emprender estudios de alternativa. Hablando duro, sentenció: “Y no me vengan con pamplinas ambientales”. Urrá II sería un embalse cinco veces más grande que Urrá I: inundaría 53.000 hectáreas, costaría 2.000 millones de dólares y generaría 420 MW. La hidroeléctrica entraría a funcionar en 2017, cuando ya se hayan entregado otras represas como Fonce III, Pescadero, La Miel II, Besotes, Chimbo, que en conjunto significarán un excedente del 25% de energía, y elevaría esta cifra al 27%.
Planes sin secreto
En círculos de expertos se opina que la nueva central tiene dos fundamentos reales. De un lado, beneficiar a los grandes propietarios de tierra de la cuenca entre Tierralta y Tasajeros. No son muchos por ser muy grandes. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge guarda en secreto un listado completo de grandes beneficiarios, muchos conocidos parlamentarios y no pocos testaferros de los paramilitares. La regularización del nivel de las aguas del río, quebradas, ciénagas y humedales, les daría la posibilidad de ampliar sus haciendas sobre las zonas recuperadas a las aguas y sembrar cultivos de alto rendimiento como la palma aceitera, la acacia magium y la caña de azúcar.
Son los planes y no son secretos. Una aspiración que responde a la tradición de ampliar sus predios sobre tierras desecadas y de expulsar los campesinos que aún hoy viven de la pesca y la pequeña agricultura. La expansión terrateniente beneficiada por la acción criminal de los “paras” se fortalecerá con la nueva hidroeléctrica. Se dice que el paramilitar Salvatore Mancuso posee grandes propiedades en la zona. Conocedores de la región vinculan el desplazamiento al proyecto río Sinú. De ser así, los grandes propietarios, armados de sus influencias políticas, harían invertir al resto de colombianos en un proyecto cuyos principales beneficiarios serían ellos mismos.
Ahora bien, desde el punto de vista del negocio eléctrico, no se descarta que Urrá I sea vendida a empresas privadas para invertir en la financiación de la transversal de la Costa que romperá el Tapón del Darién y comunicará Montería y Medellín con Panamá. Sería una opción complementaria a la venta de electricidad producida por Urrá II al sistema eléctrico de Puebla-Panamá, que se adelanta en América Central y que Uribe quiere extender hasta Putumayo.
La inundación de 53.000 hectáreas en el alto Sinú tiene tres grandes consecuencias: primero, inundaría una parte importante del resguardo indígena del alto Sinú, ya golpeado por Urrá I. Los indígenas han dicho que no quieren y no permitirán más hidroeléctricas allí. Es previsible que las movilizaciones de los embera katío vuelvan a ponerse en marcha. En segundo lugar, el nuevo embalse también inundaría gran parte del actual Parque Nacional de Paramillo, considerado una de las pocas protecciones que hay de un sistema ecológico excepcional por su situación entre los Andes y los dos océanos: desaparecería casi en su totalidad el bioma de selva húmeda del bosque ribereño y de las llanuras aluviales de los ríos Sinú, Esmeralda, Manso y Tigre, y la Ciénaga del Barrial, reconocida por su gran valor faunístico y florístico y declarada una de las áreas intangibles del Parque Nacional.
En tercer lugar, y es un efecto muy grave: dado que al inundar gran parte de los ríos de la cuenca alta del Sinú, el embalse requerirá aguas adicionales, sería necesario el trasvase del río San Jorge hacia el embalse, como había previsto el proyecto anterior. Los efectos ambientales son notables y han sido denunciados: la mezcla de aguas de diferentes cuencas que suponen composiciones y calidades diferentes afectaría la vida en la hoya del Sinú. Y los efectos sobre el San Jorge no serían menores: al mermar sus aguas, afectaría la pesca y la alimentación de la población ribereña. Peor, aceleraría la desecación de todos los espejos de agua —vasos comunicantes— de la depresión momposina, función que aplauden los terratenientes. Las ciénagas de Ayapel, La Florida, La Cruz, Machado y Punta Blanca se sumarían a la desaparición paulatina de las ciénagas del Sinú: Betancí, Martinica, Grande de Momil.
El recurso de la pesca para los emberá-katío ha sido esquilmado y esto genera desnutrición en los menores (Foto Conchita Guerra, ARP)
No es fácil entender para los colombianos que no tenemos intereses electorales en la Costa, ni haciendas en las cuencas del Sinú y San Jorge, ni empresas constructoras de represas, las razones que han llevado al Gobierno a desconocer los acuerdos firmados con las comunidades indígenas. Un Estado responsable no puede echar por la borda su palabra. Tampoco es justificable que se desconozca la legislación vigente sobre parques nacionales y resguardos indígenas y se proponga, a cambio de las tierras, inundar ilegalmente un globo de 50.000 hectáreas en otra región, como forma de compensación.
Los grandes beneficiados por las obras de Urrá II son una minoría en comparación con el daño sufrido por la mayoría de ribereños que verán disminuidos sus recursos alimenticios, y expropiadas sus tierras a cambio de unas vagas promesas de empleo en el proyecto o en las empresas beneficiadas. Se sacrificaría uno de los pocos refugios de fauna y flora de la región a favor de intereses particulares. El conjunto de efectos llevaría a exacerbar los enfrentamientos étnicos, sociales y políticos que generó Urrá I y que su funcionamiento no pudo resolver. Quizás haya interés en sectores guerreristas de mantener atizado el fuego. O quizá sea un mero regalo de Uribe a los propietarios que han sido fieles a su causa política, que no son muy distintos a quienes son hoy acusados de parapolítica o de colaboración con el paramilitarismo.
En noviembre de 2008, basados en un concepto que emite la Unidad de Parques Nacionales, que destaca los valores ecológicos y ambientales del Parque Nacional Natural de Paramillo, el Ministerio de Ambiente no tuvo otro remedio que declarar que no se podrá realizar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el Proyecto río Sinú o Urrá II. Sin este diagnóstico no se puede dar continuidad al trámite de construcción del embalse. Sin embargo, según el periódico El Universal en noticia publicada el 12 de junio de 2009, el presidente de la Empresa Urrá se refirió al concepto jurídico del Ministerio de Ambiente: “Somos respetuosos de la ley, pero haremos uso de otra instancia y esperaremos. Todavía no se ha dicho la última palabra”.
Extracto autorizado del artículo publicado en el periódico El Espectador
el 15 de enero de 2009, con actualización de información.