Clara Garcia

Marco Arana nació en Cajamarca, ciudad de Perú en la que la explotación minera a cielo abierto ha destruido el paisaje y ha acabado con las fuentes naturales de agua. Desde hace un año forma parte del Movimiento Tierra y Libertad, con el que se presentará como candidato a la presidencia de Perú en las elecciones del próximo año.

Arana, que es sacerdote diocesano, también es fundador de la ONG ambientalista Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), que lucha por los derechos de las comunidades. El trabajo que ha adelantado hasta ahora lo ha hecho merecedor del Premio Nacional de Derechos Humanos y del Premio de la Paz de Aquisgrán, que otorga la ciudad alemana de este nombre.

¿Qué le movió a fundar un partido político?

La necesidad de introducir cambios en la política económica que tuvieran dos pilares: la reducción de la pobreza y la sostenibilidad económica, que se practica descuidando la naturaleza.

¿Cuál es el poder real de un presidente para enfrentarse a una multinacional?

No se trata del poder de un presidente sino de que haya una institucionalización y sea la sociedad la que promueva el cambio. El movimiento político y el social han de ir juntos. No solo se trata de democratizar el país, también al gobierno.

Si llega a la presidencia, ¿iniciará un debate con otros estados para cambiar la situación de las multinacionales en Latinoamérica?

Promoveremos las negociaciones multinacionales en los estados. De hecho, asociaciones como Unasur [Unión de Naciones Suramericanas] o Mercosur ya lo están haciendo. Además, iniciaremos procesos de integración, no solo de carácter mercantil, también financiero. Perú es un lugar estratégico en las rutas de comercio por su situación geográfica, así que intentaremos establecer nuevos flujos.

¿Es posible cambiar la dinámica de las multinacionales en Latinoamérica?

Los anteriores procesos muestran que sí.

¿Cómo?

Renegociando los contratos e incluso anulándolos si causan daños a la economía. Hay que someter la economía a fines éticos, ecológicos y sociales.

Yanacocha, la compañía minera más grande de Suramérica y la empresa que explota la mina a cielo abierto de Cajamarca, aún tiene ventajas económicas por las leyes de Fujimori. ¿Qué más queda en Perú del Gobierno de Fujimori?

Aún no hay transparencia en los contratos, las cuestiones ambientales están sectorializadas y todo está segmentado. Queda  también la pérdida de soberanía de los recursos naturales: cada gobierno se hace dueño de la naturaleza. Y, sobre todo, quedan las prácticas administrativas, que continúan sometidas a mecanismos de corrupción.

¿Siguen siendo los militares un núcleo de poder en Perú?

Pese a que los militares quedaron en descrédito por el apoyo que le dieron a Fujimori, continúan teniendo importancia. Algunos antiguos militares, ahora jubilados, han creado empresas de seguridad. Desde estos sectores se ejerce presión para apoyar la minería con la que se costea el gasto militar.

¿Qué han hecho los gobiernos anteriores para cambiar la situación de Cajamarca?

Las autoridades locales y regionales han contribuido en la minería y han suscrito convenios para su conveniencia. Hay una crisis de gobernabilidad porque hay muchos gobiernos que eran totalmente antimineros y cuando llegan al poder, se vuelven a favor de la minería para beneficiarse de la economía.

¿Cómo actuaría usted al respecto si llegara a la presidencia?

La primera medida de mi gobierno sería hacer un shock anticorrupción. Desde Tierra y Libertad proponemos cinco medidas principales para terminar con la corrupción: la imprescriptibilidad de los delitos, las anulaciones de los beneficios penitenciarios, la sobrepenalización de los delitos de corrupción (actualmente la pena máxima es de ocho años), que se impida de por vida la postulación a cargos públicos de los que tienen anteriores delitos de corrupción y que la excarcelación esté sujeta a que se devuelva el dinero que se robó.

Siga.

Perú necesita también un cambio en la administración de justicia, que también es corrupta.

¿Hay tanta corrupción como en tiempos de Fujimori?

Desde hace veinte años la corrupción se ha llegado a convertir en una subcultura, es algo que la sociedad ve como normal.

¿Qué proponen al respecto?

Plantearíamos también una institucionalización en materia ambiental. En este sentido sería imprescindible crear un plan de ordenamiento territorial y otro de gestión de aguas. También modificaríamos la política económica para diversificar la economía, impulsando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

En el contexto de la actual situación de crisis del mundo occidental ¿hasta qué punto cree que los estados deberían implicarse con los países más necesitados?

El problema es que el instrumento principal ha sido la ayuda al desarrollo, que ha generado una gran dependencia de los países pobres. Yo creo que se podrían establecer otras opciones.

¿Cuáles?

En materia ambiental promover una internalización de los cambios y fortalecer los mecanismos de regulación de los estados. No se trata de promover una política de ruptura y aislamiento, sino de cambiar algunas cuestiones. Otro de los ámbitos primordiales que debería hacerse en política internacional es el intercambio académico y científico.

¿Qué pueden los ciudadanos para evitar desastres naturales como el de Cajamarca?

Primero tenemos que acrecentar la ciudadanía global, la conciencia de derechos. Hay que globalizar las cuestiones ambientales. Se necesita un cambio de información más activo. Se deben fortalecer los espacios de iniciativas políticas. Lo ecológico es lo sociológico, así que hay que hacer las dos cosas de manera conjunta. Antes, decir que Yanacocha contaminaba el agua estaba prohibido, hablar ahora del tema no habría sido posible sin una mayor concienciación.

¿Qué pasará con Cajamarca cuando Yanacocha cese su actividad?

Cajamarca puede pasar a ser una ciudad fantasma. Para evitarlo se deben introducir ya políticas de control de la expansión, laborales, de control de fuentes de agua.