La empresa Minera Yanacocha practica la minería de oro a cielo abierto en Cajamarca, a 85 km de Lima. La extracción de más de 500 mil toneladas diarias de materiales en la cabecera de las cuencas de los ríos Rejo, Llaucano y Cajamarquino, para extraer el oro y la plata, destruye no sólo las montañas, sino las fuentes, ríos y acuíferos de los que se abastecen las poblaciones de la zona.

Estos materiales se almacenan en grandes balsas donde son lixiviados con cianuro, lo que pro­vo­ca la contaminación de los ríos con metales tóxicos, entre ellos plomo, arsénico, cadmio y zinc. Los habitantes de la región de Cajamarca, muy especialmente los niños, sufren por ello graves problemas de salud. La minería a cielo abierto ha destruido la vida y el futuro en 26.000 hectá­reas y pretende ampliar su actividad a otras 25.000 más, ante la fuerte oposición de la población local, que ha visto repetidamente violados sus derechos: entre ellos, el del acceso al agua.

En 1997 el Banco Mundial impuso la privatización del agua en El Alto-La Paz y en la ciudad de Cochabamba como condición a su ayuda financiera. Se entregó a la compañía Aguas del Tunari, subsidiaria de las corporaciones transnacionales Bechtel, Edison y Abengoa que en enero de 2000 elevó las tarifas un 200% y controló todos los sistemas de agua, las cooperativas de los barrios y las fuentes de riego.

La Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida impugnó la concesión y llenó las calles de protesta. El gobierno del general Hugo Banzer mandó apresar a los dirigentes de la Coor­dinadora, decretó el estado de sitio de la ciudad durante 90 días y fue ocupada militarmente. Pero la resistencia ciudadana logró, tras dos muertes y numerosas personas heridas en los suburbios sin agua potable, que el gobierno cancelara su contrato con Aguas del Tunari.

En los 90, la compañía pública GWSC, que gestionaba los 190 sistemas urbanos de agua de Ghana, entró en crisis, con 344 millones de dólares de deuda, por ineficiencia y corrupción. El Banco Mundial, desde la ortodoxia neoliberal imperante, promovió su privatización desde el Programa de Recuperación Económica y de Ajuste Estructural. En 1998 las tarifas subieron un 140%. Finalmente, en 2006, la empresa Aqua Vitens Rand Limited recibió la concesión bajo el modelo de Partenariado Público Privado (PPP), conocido como el modelo francés de privatización.

El servicio, lejos de mejorar, empeoró. Los cortes de suministro generaron tal escándalo que el Gobierno encomendó una auditoría cuyas conclusiones fueron demoledoras. Los compromisos de mejora de la calidad
no se habían cumplido. En particular, no se aplicaban tratamientos contra el arsénico, plomo, cianuro, cobre y cinc que afectan al agua de algunas regiones por la minería a cielo abierto…

La Coalición Contra la Privatización del Agua, una amplia alianza (grupos comunitarios y religiosos, sindicatos y asociaciones ciudadanas), integrada en la Red Africana del Agua (en 24 países africanos), lucha por el derecho humano al agua potable.