“EL AGUA Y LA VIDA VALEN MÁS QUE EL ORO”

Aunque las vetas de oro y plata del cerro de San Pedro están agotadas, en 1992 se reformó la ley
para favorecer proyectos de minería a cielo abierto de compañías transnacionales. Cada día se usan
20 toneladas de explosivos para triturar literalmente las montañas; extendidos los materiales en
inmensas terrazas de lixiviación, se riegan con 32 millones de litros de agua y 16 toneladas de
cianuro para obtener medio gramo de oro por tonelada. El agua, cargada con tóxicos y metales
pesados, se almacena en balsas que acaban contaminando arroyos y acuíferos. Así, en medio de un
paisaje arrasado, crece la incidencia de enfermedades crónicas degenerativas.

Aunque en 2004 la justicia anuló los permisos en forma definitiva, en 2007 la empresa canadiense
New Gold inició la explotación de dos montañas históricas, en el municipio de Cerro de San Pedro,
dañando edificios históricos del siglo XVI, y poniendo en riesgo la salud de 1.300.000 personas
en el valle de San Luis Potosí, a sólo 5 km. Recientemente, con una población dividida por mentiras,
compra de voluntades y amenazas, los opositores han vuelto a triunfar en los tribunales con la
ratificación de la sentencia de suspensión definitiva de permisos y de toda actividad de la empresa
New Gold Minera San Xavier, ni siquiera en forma condicionada.

Textos: Frente Amplio Opositor, Kolektivo Azul y Anahí Copitzy Gómez Fuentes
Fotografía: Tove Heiskel y Mauricio Palos

VIDAS A CAMBIO DE ORO

La empresa Minera Yanacocha practica la minería de oro a cielo abierto en Cajamarca, a 85 km de
Lima.La extracción de más de 500 mil toneladas diarias de materiales en la cabecera de las cuencas
de los ríos Rejo, Llaucano y Cajamarquino, para extraer el oro y la plata, destruye no sólo las
montañas, sino las fuentes, ríos y acuíferos de los que se abastecen las poblaciones de la zona.

Estos materiales se almacenan en grandes balsas donde son lixiviados con cianuro, lo que pro­vo­ca
la contaminación de los ríos con metales tóxicos, entre ellos plomo, arsénico, cadmio y zinc. Los
habitantes de la región de Cajamarca, muy especialmente los niños, sufren por ello graves problemas
de salud. La minería a cielo abierto ha destruido la vida y el futuro en 26.000 hectá­reas y pretende
ampliar su actividad a otras 25.000 más, ante la fuerte oposición de la población local, que ha visto
repetidamente violados sus derechos: entre ellos, el del acceso al agua.

Textos: Marisancho Menjón y Marco Arana
Fotografía: Malú Cabellos, Jonas Lambrigger y Ruth Fremson/NY Times

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En 1997 el Banco Mundial impuso la privatización del agua en El Alto-La Paz y en la ciudad de Cochabamba como condición a su ayuda financiera. Se entregó a la compañía Aguas del Tunari, subsidiaria de las corporaciones transnacionales Bechtel, Edison y Abengoa que en enero de 2000 elevó las tarifas un 200% y controló todos los sistemas de agua, las cooperativas de los barrios y las fuentes de riego.

La Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida impugnó la concesión y llenó las calles de protesta. El gobierno del general Hugo Banzer mandó apresar a los dirigentes de la Coor­dinadora, decretó el estado de sitio de la ciudad durante 90 días y fue ocupada militarmente. Pero la resistencia ciudadana logró, tras dos muertes y numerosas personas heridas en los suburbios sin agua potable, que el gobierno cancelara su contrato con Aguas del Tunari.

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En los 90, la compañía pública GWSC, que gestionaba los 190 sistemas urbanos de agua de Ghana,
entró en crisis, con 344 millones de dólares de deuda, por ineficiencia y corrupción. El Banco
Mundial, desde la ortodoxia neoliberal imperante, promovió su privatización desde el Programa
de Recuperación Económica y de Ajuste Estructural. En 1998 las tarifas subieron un 140%.
Finalmente, en 2006, la empresa Aqua Vitens Rand Limited recibió la concesión bajo el modelo
de Partenariado Público Privado (PPP), conocido como el modelo francés de privatización.

El servicio, lejos de mejorar, empeoró. Los cortes de suministro generaron tal escándalo que el
Gobierno encomendó una auditoría cuyas conclusiones fueron demoledoras. Los compromisos de mejora
de la calidadno se habían cumplido. En particular, no se aplicaban tratamientos contra el arsénico,
plomo, cianuro, cobre y cinc que afectan al agua de algunas regiones por la minería a cielo abierto…

La Coalición Contra la Privatización del Agua, una amplia alianza (grupos comunitarios y religiosos,
sindicatos y asociaciones ciudadanas), integrada en la Red Africana del Agua (en 24 países africanos),
lucha por el derecho humano al agua potable.

Texto: Al-Hassan Adam
Fotografía: Abdul-Yakeen Aluiza Amasaba

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