LAS MASACRES DE RÍO NEGRO

La presa de Chixoy se construyó en las tierras de los indígenas maya achí, en el contexto de una feroz
guerra civil. Cuando los afectados se negaron al desalojo y reclamaron un trato digno, fueron secuestrados,
torturados y masacrados. El ejército y las fuerzas paramilitares asesinaron a 444 personas, la mayoría de
ellas mujeres y niños.

La presa, financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y construida por empresas
italianas, alemanas y estadounidenses, desplazó a más de 3.500 personas. Otras 6.000 familias perdieron sus
tierras y medios de vida. Desde la finalización de la presa, a mediados de la década de 1980, las comunidades
desplazadas han vivido en condiciones de pobreza extrema, en tierras infértiles y viviendas indignas, sin
electricidad ni agua corriente.

Desde 1996, los desplazados han trabajado junto con asociaciones de derechos humanos y organizaciones
ecologistas para presionar al gobierno de Guatemala y los financiadores de la presa para que les proporcionen
indemnizaciones por los daños sufridos.

Textos: Patrick McKully y Heidi Ho McKinnon
Fotografía: James Rodriguez y Robert Dawson

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RÍO SAGRADO Y MALDITO

Israel posee el control sobre la cabecera del río Jordán y detenta los derechos de explotación
de los acuíferos. El trasvase del Jordán hacia el Desierto del Neguev para abastecer cultivos
extensivos para la exportación, ha arruinado el Jordán Medio, por el que sólo circulan retornos
salinizados, provocando un creciente deterioro del Mar Muerto.

A la población palestina se le ha vedado el acceso al Jor¬dán y tiene prohibido perforar nuevos
pozos. Además de disponer de notables dotaciones de riego, cada israelí dispone de unos 341 litros/
día de aguas de calidad para usos urbanos e industriales, mientras cada palestino apenas dispone
de acceso efectivo a 60 litros/ día de aguas de mala calidad para esos mismos usos, lo que provoca
gravísimos problemas de salud y de subsistencia.

Texto: Marisancho Menjón
Fotografía: Stefano Serra, Laurent Weyl y Dieter Telemans

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INUNDAR EL EDÉN

El faraónico Proyecto del Sureste de Anatolia (GAP), impulsado por el Gobierno turco desde
los años 60, prevé la construcción de 22 pantanos y 19 centrales hidroeléctricas en el valle
del Tigris, como pretendido motor de desarrollo en la zona. Sin embargo, la comunidad kurda
denuncia que todo forma parte de una estrategia de dispersión de su pueblo a fin de diluir
su identidad y acabar con su cultura.

La presa de Ilisu, es el proyecto hidroeléctrico más grande del país y supondría el desplazamiento
de 78.000 personas, en su mayoría kurdos; inundaría 68 pueblos, además de la histórica ciudad
de Hasankeyf, con sus 10.000 años de antigüedad y generaría serios problemas aguas abajo, en
Siria e Irak.

Sin embargo, la campaña internacional contra la presa de Ilisu denuncia la falta de consulta a
los afectados, la negativa a considerar otras alternativas y los graves impactos medioambientales,
sociales y culturales que acarrearía, así como la ausencia de un plan de realojo y compensación
para los desplazados.

Textos: Anna Irvin y Marisancho Menjón
Fotografía: Micah Garen/Four Corners Media y Christian Kaiser

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Actualmente, a esta situación se ha venido a sumar la eventual construcción de una nueva presa:
Urrá II, que inundaría 57.000 hectáreas, lo cual supondría el desplazamiento de este Pueblo y la
desaparición de su cultura. Recientemente, el Ejército colombiano, so pretexto de combatir el
terrorismo, ha ocupado su territorio, generando nuevas violaciones de derechos humanos, coartando
la libertad de movimiento de los indígenas por su territorio, obstaculizándoles adentrarse en la
selva para cazar y amedrentándoles con armas de fuego, helicópteros e inclusive, bombardeos. El
proyecto Urrá II se encuentra actualmente detenido, pues el ministerio de ambiente negó el estudio
de factibilidad.

Textos: Conchita Guerra
Fotografía: Conchita Guerra

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La presa de Chixoy se construyó en las tierras de los indígenas maya achí, en el contexto
de una feroz guerra civil. Cuando los afectados se negaron al desalojo y reclamaron un trato
digno, fueron secuestrados, torturados y masacrados. El ejército y las fuerzas paramilitares
asesinaron a 444 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.

La presa, financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y construida
por empresas italianas, alemanas y estadounidenses, desplazó a más de 3.500 personas. Otras 6.000
familias perdieron sus tierras y medios de vida. Desde la finalización de la presa, a mediados de
la década de 1980, las comunidades desplazadas han vivido en condiciones de pobreza extrema, en
tierras infértiles y viviendas indignas, sin electricidad ni agua corriente.

Supervivientes y familiares de las víctimas, luchan por recuperar la memoria de lo ocurrido y exhumar
las tumbas clandestinas y fosas comunes. Desde 1996, han trabajado junto con asociaciones de derechos
humanos y organizaciones ecologistas para aclarar responsabilidades y presionar al gobierno de
Guatemala y a las empresas financieras de la presa para que les proporcionen indemnizaciones y
reparaciones por los daños sufridos.

Textos: Patrick McKully y Heidi Ho McKinnon

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