El proyecto hidroeléctrico Urrá I, en el río Sinú, en el corazón de un Parque Natural, ha reducido el potencial pesquero del país de 6.000 a 1.700 toneladas anuales, dejando a más de 60.000 personas sin su principal fuente de alimentación. La presa ha provocado la inundación de 7.400 hectáreas de valle y el desplazamiento de decenas de miles de personas. Varios líderes de la lucha contra este proyecto han sido asesinados o exiliados. Los tribunales ordenaron parar la presa hasta que no se compensase a los afectados, pero ni la compañía concesionaria ni el gobierno han acatado la orden. En la actualidad, el río Sinú y las comunidades embera-katío que lo habitan se enfrentan a la amenaza de construcción de Urrá II, un proyecto diez veces mayor.

Una de las atrocidades más terribles cometidas para desalojar a la población afectada por la construcción de una presa fue la matanza de 450 personas en el pueblo de Río Negro, dentro de la zona que iba a quedar inundada por el embalse de Chixoy. Ante la negativa de éstos a abandonar sus tierras, las autoridades comenzaron una campaña de terror que acabó con la tortura y muerte de casi todos ellos, incluidos 107 niños.

El presupuesto de ejecución de las obras, cuajadas de retrasos y problemas técnicos, alcanzó en un 350% los costes previstos mientras  que la producción eléctrica que se pretendía fue mucho menor. Hoy se prevé para Chixoy menos de 50 años de vida porque se está colmatando de sedimentos a gran velocidad.

El faraónico Proyecto del Sureste de Anatolia (GAP), impulsado por el Gobierno turco desde los años 60, prevé la construcción de 22 pantanos y 19 centrales hidroeléctricas en el valle del Tigris, como pretendido motor de desarrollo en el Kurdistán. Pero la comunidad kurda denuncia que, por el contrario, este proyecto forma parte de la estrategia de desplazamiento masivo y dispersión a la que están sometidos. La presa Ilisu, que sería la segunda más grande del país, terminaría para siempre con la ciudad de Hasankeyf, cuyos habitantes ya fueron desplazados por motivos políticos, y con el legado cultural de 12.000 años de historia, en la cuna de la civilización occidental. La oposición al proyecto se enfrenta a serias amenazas de represión.

Israel posee el control sobre la cabecera del río Jordán y detenta los derechos de explotación de los acuíferos de su área de influencia. El trasvase del Jordán hacia el Desierto del Neguev para producir algodón y otros cultivos extensivos para la exportación, ha acabado por arruinar el Jordán Medio, por el que sólo circulan retornos salinizados, y ha provocado un gravísimo deterioro al Mar Muerto. A la población palestina se le ha vedado el acceso al Jor­dán y tiene prohibido perforar nuevos pozos en los acuíferos de la zona. Cada israelí dispone de 304 metros cúbicos de agua al año, mientras los palestinos disponen de menos de 80.

Diversos colectivos sociales, dentro de un programa de acción conjunta denominado “Good Neighbours”, promueven proyectos de colaboración entre israelíes, jordanos, sirios y pales­ti­nos, al margen de sus respectivos gobiernos, para buscar soluciones justas a este problema.